La crisis del sistema sanitario argentino golpea con especial dureza a las obras sociales de los trabajadores estatales. La motosierra del ajuste libertario, el congelamiento de salarios, la precarización laboral y la caída de los aportes están desfinanciando a las cajas, que hace décadas sostienen a millones de afiliados con servicios médicos, farmacéuticos y sociales. En ese contexto, distintos gobiernos —nacional, provinciales y municipales— comenzaron a intervenirlas o a avanzar con reformas que desplazan a los sindicatos del control de estas estructuras históricas.
Unión Personal: el congelamiento salarial y las tensiones entre gremios
Uno de los primeros síntomas apareció entre los empleados públicos nacionales. La obra social Unión Personal, de UPCN, que cubre a unos 700.000 afiliados, sintió el impacto de los despidos masivos y los contratos precarios sin aportes, además de los sueldos planchados que erosionaron su financiamiento. Semanas atrás, UPCN intentó restringir el acceso a la obra social para los trabajadores no afiliados al gremio, una decisión que desató una fuerte protesta de ATE, que denunció discriminación. Tras las quejas y la visibilización del conflicto, UPCN dio marcha atrás. La medida evidenció las tensiones entre gremios y la desesperación por sostener el equilibrio económico de una obra social que cada vez recauda menos en un Estado más chico y precarizado.
Entre Ríos: intervención y un nuevo modelo de conducción
En las provincias, la situación no es menos grave. En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio intervino en diciembre el Instituto de Obra Social de la Provincia (IOSPER), que arrastraba un déficit de 2.000 millones de pesos mensuales y denuncias por atrasos en pagos y prestaciones. Hasta entonces, el IOSPER era gestionado por un directorio integrado por representantes de estatales, docentes, judiciales y jubilados, un esquema que garantizaba participación sindical.
Con la intervención, Frigerio disolvió ese modelo y creó la Obra Social de Entre Ríos (OSER), con una conducción más concentrada: cuatro miembros, de los cuales presidente y vicepresidente los nombra el Ejecutivo y solo dos vocales representan a UPCN y AGMER. El cambio generó rechazo sindical, que advirtió que la crisis no se soluciona desplazando a los gremios sino recomponiendo los ingresos y los aportes.
ObSBA: el “modelo Entre Ríos” llega a la Ciudad
El “modelo Entre Ríos” parece haber marcado un camino que otros gobiernos están dispuestos a seguir. En la Ciudad de Buenos Aires, la Obra Social de la Ciudad (ObSBA), históricamente manejada con mano de hierro por el sindicato SUTECBA, atraviesa una crisis que la dejó al borde del colapso. La obra social fue durante décadas una herramienta de poder para el gremio, pero la irrupción del macrismo introdujo un esquema de cogobernanza en el que el presidente seguía siendo del sindicato, el vicepresidente del Gobierno porteño, y el directorio se repartía entre cuatro representantes del Ejecutivo, cuatro del SUTECBA, uno por docentes y el restante en representación de los médicos.
Ese delicado equilibrio estalló en los últimos meses. La conducción de Alejandro Amor, número dos de SUTECBA y responsable de “enderezar” la obra social, resultó un fracaso estrepitoso: se multiplicaron las denuncias por corte de prestaciones, falta de turnos, y deudas millonarias con prestadores. La desfinanciación, como en otros casos, tiene raíz en la fuerte pérdida salarial de los estatales porteños, víctimas de años de acuerdos a la baja entre el sindicato y el macrismo —por eso se los llama “gremio amarillo”—. De ser los municipales mejor pagos del país, pasaron a tener salarios por debajo de los de Córdoba, Rosario, San Isidro y Vicente López, mientras crecía la precarización vía contratos. Hoy, el SUTECBA apenas tendría, según fuentes internas, unos 15 mil afiliados y un peso político muy menguado.
En este contexto, Jorge Macri ya inició gestiones para avanzar en una intervención inspirada en el esquema de Entre Ríos. Según pudo averiguar Data Gremial, el jefe de Gobierno instruyó a sus técnicos para que trabajen en un proyecto que deje la presidencia de la obra social en manos del Ejecutivo, reduzca al mínimo la presencia de SUTECBA en el directorio —apenas un integrante— e incorpore representantes de otros sectores, como ATE y los enfermeros.
Un primer paso en esa dirección ya se dio el 2 de julio, con el decreto 251/25 que modificó la conformación del directorio y permitió el ingreso de Rubén Ricardo Buzzano en representación de los docentes de UTE-CTERA. Esa movida no solo debilitó al SUTECBA, sino que acercó a un sindicato alineado con Roberto Baradel al esquema del macrismo.
La intención oficial es ahora replicar lo mismo con ATE, principal rival del SUTECBA, y avanzar con una ley en la Legislatura, donde el Ejecutivo confía en contar con los votos incluso de sectores peronistas más cercanos a ATE que al histórico gremio de municipales.
De concretarse, además, generaría un fuerte cimbronazo dentro del ya debilitado gremio que conduce la dupla Amadeo Genta-Alejandro Amor, que a fin de año tiene elecciones.
IOMA: la “guerra” de los intendentes "cambiemitas" contra Kicillof
En la provincia de Buenos Aires, la mayor obra social del país, IOMA, tampoco escapa a la tormenta. Con más de dos millones de afiliados, IOMA sufre el impacto de los sueldos estatales atrasados, el aumento de los costos médicos y las demoras en los pagos a prestadores.
La situación se tensó aún más en los últimos meses con la ofensiva de varios intendentes macristas para sacar a sus empleados municipales de IOMA y volcarlos a sistemas privados o municipales, en una jugada que busca debilitar al gobernador Axel Kicillof. San Nicolás, Bahía Blanca y Vicente López, entre otros, avanzaron en esa línea en medio de una guerra política que agrava la crisis y deja a los trabajadores en el medio, con prestaciones más caras y de menor calidad.
La salud pública, rehén de la crisis y las disputas de poder
En todos los casos, el patrón se repite: el ajuste económico y la desinversión estatal desfinancian a las obras sociales; los sindicatos pierden poder y representación a medida que los gobiernos aprovechan la debilidad para intervenirlas y controlarlas; y los trabajadores padecen las consecuencias con menos servicios y más dificultades para acceder a la salud. La crisis sanitaria argentina, reflejada en estas obras sociales, parece aún lejos de encontrar una salida.