Tras los fallos judiciales a su favor, el presidente de la Nación, Javier Milei, avanzó con la aplicación de la reforma laboral libertaria al firmar el decreto que reglamentó la habilitación a los empleadores de reducir las cargas patronales, es decir, la omisión de pago a obras sociales y al sistema de seguridad social, en un contexto de creciente precarización laboral.
Envalentonado por las decisiones de la Cámara de Apelaciones del Trabajo y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 315/2026 la oficialización del denominado Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), incluido en el capítulo de la Ley 27.802.
Este punto establece que las compañías no abonarán las contribuciones durante cuatro años solamente al nuevo personal que contrate y que anteriormente no haya tenido empleo registrado.
A dicho segmento le pagarán menos asignaciones familiares, fondos de desempleo, aportes jubilatorios, obras sociales y todo lo relacionado a la seguridad social.
Qué tipo de empleados están afectados por el RIFL
Según el apartado, corre para aquellos que no hubieran contado con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025; las personas hubieran estado desempleadas en los seis meses previos al alta laboral; los monotributistas inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y los los trabajadores cuya última ocupación fue bajo relación de dependencia en el sector público nacional, provincial, municipal o de la ciudad de Buenos Aires.
Los porcentajes
Asimismo, el decreto señala los topes en los porcentajes que el empleador deberá cumplir. De esta manera , las contribuciones patronales que se determinen por la aplicación de la alícuota del 2 por ciento se distribuirán entre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares en igual proporción.
A la vez, las contribuciones patronales que se determinen por aplicación de la alícuota del 3 por ciento tendrán destino al Instituto Nacional de la Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
La argumentación del oficialismo para la materialización de la citada normativa es incentivar la generación de empleo. No obstante, con la Ley Bases se incorporó un capítulo similar, pero el empleo se desplomó y la precarización se incrementó. Según los expertos, es más una discusión simbólica contra los derechos que fueron conquistados en la previa de la reforma laboral.
Cabe destacar que la batalla judicial por la Ley de Modernización Laboral sumó un nuevo capítulo a comienzos de esta semana, ya que La Sociedad Rural Argentina (SRA) informó que se presentó ante la Justicia para respaldar su validez y pedir que no se suspenda su aplicación en el marco de la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado.
En concreto, la entidad que conduce Nicolás Pino solicitó intervenir como tercero en el expediente “Confederación General del Trabajo c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa”, alineándose con la defensa oficial en torno a la constitucionalidad y plena vigencia de la norma.