Alberto Chinkies, dueño del conocido restaurante Piegari, tuvo una especie de tour mediático, criticando un fallo judicial que lo obliga a pagar una importante indemnización a un mozo despido durante la pandemia. Según su relato, la jueza del fuero laboral Lucrecia Pedrini condenó a la empresa a pagar unos 200 millones de pesos, a partir de los 25 años de antigüedad del trabajador. El caso fue tomado por los medios cercanos al gobierno para intentar instalar un concepto utilizado para justificar la necesidad de una reforma laboral: La industria del juicio. Se trata de una idea vinculada a los sectores patronales, que aseguran que las leyes laborales actuales “favorecen a los empleados”, y fomentan la litigiosidad, y hacen que las empresas decidan no contratar de manera formal por temor a las demandas. Pero los datos desmienten esta idea, que se viene repitiendo hace años, y que en estos momentos cobra nuevamente vitalidad porque el gobierno tiene decidido llevar adelante una reforma laboral, y usa estas cuestiones como argumento. En el caso de Piegari, sólo circuló la versión empresarial, pero se conoció que hubo incumplimientos como el pago de parte del salario “en negro”, además de jornadas extensas de trabajo y sin incluir propinas. Los datos sobre juicios marcan que hay una muy baja concurrencia a los tribunales, algo que los abogados laboralistas insisten desde hace rato.
El caso de Piegari disparó otra vez la polémica de la industria del juicio, usada por este y otros gobiernos para intentar justificar la reforma laboral. Pero los números no cierran. Un informe realizado por el Colegio Público de Abogacía de la Ciudad de Buenos aires expuso datos contrarios, y desde el título marca su perfil: “desmontando el mito de la industria del juicio”. Entre 2014 y 2023, se destacó, se dictaron en la Justicia Nacional del Trabajo –que concentra el mayor volumen de causas laborales del país, con competencia territorial limitada al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte del gran Buenos Aires– “unas 257 mil sentencias definitivas, lo que equivale a unas 25.700 por año”. “Si se compara este número con la población ocupada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), estimada en alrededor de 5 millones de personas, se advierte que la cantidad de sentencias representa apenas el 0,5 por ciento anual de dicha fuerza laboral”, analizó el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial.
Este dato, se insistió, confirma que la litigiosidad judicial laboral “está lejos de ser masiva o abusiva. Incluso, proyectando sobre diez años, sólo un segmento reducido de la clase trabajadora que se desempeña en esta jurisdicción accedió a una sentencia judicial, lo cual desmiente la existencia de una ‘industria del juicio’ generalizada”.
Además, el rechazo a esta idea de “industria del juicio” se puede ver en otros datos, como los informes periódicos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo –con jurisdicción en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires– que revelan que los niveles de litigiosidad laboral “no se han disparado de forma descontrolada en los últimos tiempos”. Por ejemplo, en marzo de 2024 este fuero dictó 3.542 sentencias definitivas y contabilizó 17.083 expedientes que estaban para el dictado de sentencia.
Ese volumen de causas pendientes “equivale apenas al 0,12 por ciento de la masa laboral total del país; proporción similar a la de años anteriores”. De hecho, la comparación interanual muestra variaciones moderadas: “durante marzo de 2023 se habían dictado 3.381 sentencias (frente a 3.542 que se dictaron en marzo 2024) y, durante el primer trimestre de 2024, se dictaron 12.819 sentencias en contraposición a las 12.458 sentencias dictadas durante igual período del año 2023”.
Otro aspecto que pone en consideración el Colegio Público de Abogacía de la Ciudad de Buenos aires es que la mayoría de los conflictos laborales no llegan a juicio: “es fundamental subrayar que la vía judicial resulta ser la excepción y no la regla en la conflictividad laboral”. “La enorme mayoría de las contingencias o reclamos laborales se resuelven por canales administrativos, de negociación individual o colectiva e instancias de conciliación obligatoria o espontánea, sin intervención de los tribunales”, recalcaron.
Incumplimientos
Pese a los números, desde las usinas empresariales apuntan al aumento de este tipo de presentaciones, pero los datos desmienten la existencia de un aumento exponencial de juicios laborales o de una “industrialización” de los reclamos del sector obrero como falazmente se presenta.
Además, como pasa en el caso de Piegari, se suelen ocultar incumplimientos patronales, que hacen que los fallos aumenten los valores de las indemnizaciones, algo que la reforma laboral libertaria quiere sacar, eliminando los punitivos y multas por la registración irregular. Eso sucedió con el mozo que demandó al restaurante porteño. Según puso saber Data Gremial, el trabajadores tenía el 60 por ciento del salario “en negro” –la mayoría provenientes de las propinas -, con jornadas de 10 horas seis veces por semana.
Además, se confirmaron la falta de pago total de los salarios de marzo, abril y mayo de 2020. Por esto se aplicaron multas de acuerdo a la ley actual. Además, el empleado tenía una enfermedad de base (EPOC), que hacía que el gobierno lo incluya entre el “personal de riesgo”, que no debía volver a modalidad presencial.
Desde la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas vienen rechazando la idea de “industria del juicio”, que no es otra cosa que una litigiosidad creciente que perjudica a las empresas y desalienta la creación de empleo. Sin embargo, sostuvo la entidad, ese diagnóstico “es falso y no se corresponde con los datos reales del mercado laboral argentino”. “No existe como la cuentan”, afirmó.
Asimismo, la entidad que preside Matías Cremonte recordó que cerca del 40 por ciento de los trabajadores del país se encuentra en la informalidad, “lo que equivale a casi 7 millones de personas sin registrar”. Cada una de ellas podría iniciar un juicio por salarios fuera de convenio, falta de aportes, licencias impagas u otras violaciones básicas. Aun así, la cantidad de demandas iniciadas no llega ni al 1 por ciento de esa potencialidad, apuntó.
Contra las ART
Otro de los aspectos que suelen dejarse de lado respecto de los juicios laborales es que la mayoría de los reclamos laborales no apunta contra empleadores, como suele instalarse, sino contra las aseguradoras de riesgos del trabajo, las famosas ART.
Según la entidad de abogados laboralistas, alrededor del 80 por ciento de los juicios se dirigen a estas ART por “incumplimientos en la reparación de daños derivados de accidentes laborales”. Esta proporción también derriba por completo el relato empresario. Por eso desde el sector hablan de una crisis, basada en “una judicialización desbordada, la aplicación de tasas de interés que multiplican las indemnizaciones más allá de cualquier parámetro actuarial razonable, y un funcionamiento del servicio de justicia que exhibe fallas graves en términos de uniformidad, técnica y respeto por la normativa vigente”.
Para el gobierno, la “industria del juicio” justifica una reforma laboral. En el proyecto que se conocerá en diciembre, se incluirían algunos de estos temas. Según circula, las propuestas serán topes del 20 por ciento a honorarios legales, límites a tasas de interés en sentencias, creación de un fondo de cese laboral con aportes del trabajador, y mecanismos para restringir la discrecionalidad judicial.
En conclusión, los datos marcan que la supuesta litigiosidad es utilizada para condicionar a la opinión pública y presentar como urgente una modificación que, en realidad, carece de fundamento. “La evidencia disponible contradice de manera directa la premisa de que las empresas están asfixiadas por demandas masivas”, concluye el principal informe del tema.