En su discurso en la Sociedad Rural Argentina (SRA), en la apertura de su encuentro anual que se realiza en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei no dejó muchas definiciones para el sector. Más allá del apoyo que recibió de la dirigencia agropecuaria, no hubo anuncios concretos como se esperaba, como una baja en los derechos de exportación, las popularmente llamadas retenciones. Lo que sí hizo el mandatario, de manera sorprendente, fue anunciar algunos cambios en otros rubros, como la navegación marítima. En este sentido, Milei adelantó que buscará aprobar una reforma de la Ley de Cabotaje. La iniciativa apunta a permitir el ingreso temporal de buques extranjeros, reducir los costos logísticos y potenciar la competitividad de los puertos argentinos. La idea de transformar las normas que regulan el sector pluvial y fluvial es parte de la agenda de la gestión libertaria, que varias veces intentó imponer medidas en el sector, siempre resistidas por los trabajadores. Primero a través del DNU 70 y luego con la Ley Bases, el oficialismo apuntó contra la marina mercante. Incluso se sacó el decreto430, que apuntaba directamente a las condiciones laborales del rubro, que la acción sindical logró dar de baja. Pero el gobierno va otra vez a la carga contra esta propuesta, que como era de esperarse cosecha rechazos. Además, a la polémica se sumó la oposición parlamentaria, que presentó un proyecto propio para mitigar el impacto de la reforma.
Los cambios de la Ley de Cabotaje son una nueva avanzada de la gestión libertaria en un rubro clave para el desarrollo y la soberanía del país. Se trata de una reforma del decreto ley 19.492/44, que el oficialismo intenta cambiar bajo el argumento de “modernizar el sistema de navegación comercial mediante una mayor apertura a embarcaciones de bandera extranjera y una desregulación del transporte fluvial y marítimo”. El proyecto es promovido por legisladores de La Libertad Avanza junto a bloques aliados y forma parte del paquete de reformas económicas con el que el Ejecutivo pretende reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino.
Según pudo saber Data Gremial, la iniciativa introduce “modificaciones relevantes para el transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos”. Entre los principales puntos se destacan “la autorización para que buques de bandera extranjera realicen operaciones de cabotaje mediante permisos temporarios; y la flexibilización de las exigencias sobre la tripulación nacional, eliminando la obligación de contar con personal argentino durante los primeros 90 días de operación”. Luego de esto se establecerá “un esquema gradual hasta alcanzar un mínimo del 75 por ciento de tripulación local al cabo de un año”. Además, se eliminan los aranceles de importación para barcos nuevos o de hasta 20 años de antigüedad, con el objetivo de “ampliar la oferta de embarcaciones disponibles”.
La nueva avanzada contra la marina mercante encuentra a los gremios otra vez en la vereda de enfrente, dispuestos a resistir su aplicación. Así lo adelantó Mariano Vilar, titular del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA). “Desde nuestra organización estamos en contra del proyecto que está circulando, que responde a los intereses del gobierno”, le dijo el referente en dialogo con Data Gremial. Uno de los puntos que más tensión genera es la eliminación “la bandera argentina de nuestros ríos y nuestros mares”, a partir de una “apertura indiscriminada del cabotaje con embarcaciones y tripulaciones extranjeras”.
Para Vilar, esto es “un golpe de muerte a lo que queda de la marina mercante, y un golpe de suerte para el desarrollo de la Argentina”. “Un país que pretende desarrollarse sin una independencia logística, sin soberanía económica, no lo va a poder hacer, porque vamos a tener un soporte vital como son las marinas mercantes cedidas a intereses extranjeros, que van a imponer sus propios objetivos”, agregó el dirigente. Por esto, se espera que haya mucha resistencia entre los gremios, que ya combatieron el decreto 340 que desregulaba el sector, y que era parte de esta ofensiva que hoy se vuelve a intensificar con esta medida.
Contrapuntos
Durante su discurso en la Rural, Milei afirmó que la modificación de las normas de navegación “forma parte de una estrategia de desregulación destinada a facilitar la actividad productiva y fortalecer la infraestructura logística del país”. Esta medida viene a complementar, según las palabras del propio mandatario, con la nueva concesión que se realizó de la hidrovía. Según explicó el propio proyecto que circula en despavhos y gremios, la reforma busca “reducir los costos logísticos que enfrentan las economías regionales y mejorar la eficiencia del transporte por la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las principales rutas comerciales del país”. El Ejecutivo sostiene que la escasez de embarcaciones nacionales “limita el traslado de mercaderías y encarece la operatoria portuaria, por lo que habilitar el ingreso temporal de barcos extranjeros permitiría incrementar la competencia y optimizar el comercio”.
Pero para los trabajadores, la llegada de embarcaciones y tripulaciones del extranjero es una amenaza para el desarrollo soberano, y los que pagarán serán los puestos de trabajo. Como explicó Vilar, “vamos a quedar condiciones a que otros países que operan en el sector hagan lo que vos como Nación soberana no hacés, tener su transporte y tu logística”.
Por eso, el titular de SICONARA afirmó que “ceder la navegación del territorio marítimo, de la Antártida Argentina, en un contexto tan complejo desde el punto de vista geopolítico es entregar en bandeja nuestro territorio a potencia extranjeras”. Incluso la Liga Naval Argentina advirtió que las modificaciones que promueve el gobierno libertario podrían tener un “profundo impacto sobre la marina mercante nacional, la seguridad de la navegación y la capacidad del Estado para ejercer control sobre las vías navegables”.
Mientras el oficialismo promueve una mayor apertura del mercado naviero, Unión por la Patria presentó una propuesta con un enfoque completamente diferente. La iniciativa, impulsada por la diputada Agustina Propato, propone declarar a la Vía Navegable Troncal del Río Paraná como un bien de Interés Público Nacional y de Valor Estratégico, con el objetivo de mantener bajo control estatal la administración, el dragado y la operación del principal corredor fluvial argentino. Además, el proyecto considera infraestructura crítica nacional el tramo comprendido entre el kilómetro 1.238 del río Paraná (Confluencia) y las aguas profundas del Río de la Plata, buscando limitar la participación de operadores privados extranjeros en un área considerada estratégica para el comercio exterior.
Análisis
Por su parte, desde el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo también expresaron sus críticas al anteproyecto que comenzó a circular por estas horas, y alertaron que “no se limita a ‘modernizar’ o simplificar el régimen de navegación”, sino que “produce un cambio estructural”.
En un análisis meticuloso de la propuesta, el gremio que lidera el capitán Mariano Moreno sostuvo que la iniciativa “reduce progresivamente la exigencia de empleo argentino, permite aplicar la legislación laboral de la bandera extranjera y debilita la intervención sindical en la determinación de las dotaciones”. Al mismo tiempo, agregaron, “contiene medidas económicamente favorables —combustible exento, importación de buques sin arancel y estímulos a la inversión— que podrían fortalecer a la marina mercante si estuvieran reservadas a armadores, buques, trabajo y tributación verdaderamente nacionales”. Sin embargo, “el propio articulado permite que buena parte de esos beneficios alcance a buques con ‘tratamiento de bandera nacional’ o a estructuras que operen mediante banderas extranjeras”. “La combinación genera una contradicción central: se promueve formalmente la actividad naviera, pero se debilitan la bandera argentina, el empleo nacional, la industria naval y la soberanía sobre los fletes”, destacó el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial.
El proyecto anunciado por el gobierno es parte de una iniciativa que deroga o transforma muchas otras leyes, y que afecta a muchas actividades. Esta incluye, según el Centro de Patrones, un capítulo de “delegación" de la ley que le otorga al gobierno “facultades extremas para hacer y deshacer a su antojo”. Ante esto, marcaron que si la propuesta entrara en vigencia, “el Poder Ejecutivo tendría durante seis meses una habilitación extraordinaria para modificar o derogar numerosas normas legales vinculadas con la regulación económica y administrativa, siempre que invoque que esas modificaciones se encuadran en las bases del artículo 346 y en la emergencia declarada”. “No sería una delegación ilimitada, pero sí una de las delegaciones legislativas de mayor amplitud en materia económica y regulatoria, precisamente porque alcanza incluso a la modificación y derogación de leyes dentro del ámbito definido por el propio Título X”, concluyó el gremio.